Cuando una pareja decide poner fin a su matrimonio, lo ideal es que ambos cónyuges puedan alcanzar acuerdos sobre las cuestiones más importantes que afectarán a su vida futura y, en su caso, a la de sus hijos. Sin embargo, esto no siempre es posible. En muchas ocasiones surgen desacuerdos sobre la custodia de los hijos, el uso de la vivienda familiar o la distribución de los bienes, lo que hace necesario acudir a la vía judicial para resolver el conflicto.
En estos casos se inicia un divorcio contencioso, un procedimiento en el que es el juez quien decide las medidas que regularán la situación familiar tras la ruptura.
A continuación vamos a analizar qué es el divorcio contencioso, cuándo suele ser inevitable, cómo se tramita y qué consecuencias puede tener para las partes implicadas, teniendo en cuenta la normativa vigente en el ordenamiento jurídico español.
Qué es el divorcio contencioso
El divorcio contencioso es aquel que se solicita por uno de los cónyuges sin que exista acuerdo con el otro sobre el divorcio o sobre las medidas que deben adoptarse tras la ruptura.
La posibilidad de solicitar el divorcio de manera unilateral está reconocida en el artículo 86 del Código Civil, que establece que el matrimonio se disuelve por divorcio a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro.
Tras la reforma introducida por la Ley 15/2005, ya no es necesario justificar una causa concreta para solicitar el divorcio. Basta con que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio, salvo que exista riesgo para la vida, la integridad física, la libertad o la integridad moral de alguno de los cónyuges o de los hijos.
Cuando no existe acuerdo entre las partes, el procedimiento se tramita conforme a lo previsto en el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula los procesos matrimoniales contenciosos.
En qué situaciones suele producirse un divorcio contencioso
El divorcio contencioso suele aparecer cuando existen desacuerdos importantes entre los cónyuges. Algunos de los conflictos más habituales se relacionan con cuestiones especialmente sensibles.
Desacuerdos sobre la custodia de los hijos
Uno de los motivos más frecuentes de conflicto es la guarda y custodia de los hijos menores. Mientras uno de los progenitores puede solicitar una custodia compartida, el otro puede considerar que lo más adecuado es una custodia exclusiva.
Cuando no se alcanza un acuerdo, será el juez quien determine el régimen de custodia que mejor proteja el interés del menor, tal como establece el artículo 92 del Código Civil.
Discrepancias sobre la pensión de alimentos
Otro punto habitual de desacuerdo es la cuantía de la pensión de alimentos destinada a cubrir las necesidades de los hijos.
El artículo 93 del Código Civil establece que el juez debe fijar esta pensión atendiendo a las necesidades de los hijos y a la capacidad económica de los progenitores.
Cuando no existe acuerdo, ambas partes deberán aportar pruebas sobre sus ingresos, gastos y situación económica para que el juez pueda determinar la cuantía adecuada.
Uso de la vivienda familiar
La atribución del uso de la vivienda familiar también genera conflictos frecuentes.
El artículo 96 del Código Civil establece que, cuando hay hijos menores, el uso de la vivienda familiar suele atribuirse al progenitor con el que conviven habitualmente los menores.
Sin embargo, en la práctica pueden surgir discrepancias sobre esta cuestión, especialmente cuando la vivienda pertenece a ambos cónyuges.
Reparto de bienes y patrimonio
Las diferencias sobre la liquidación del régimen económico matrimonial también pueden dar lugar a procedimientos contenciosos.
Esto ocurre especialmente cuando existen bienes comunes, empresas familiares o deudas compartidas cuyo reparto resulta complejo.
Cómo se inicia un divorcio contencioso
El procedimiento comienza con la presentación de una demanda de divorcio por parte de uno de los cónyuges.
Esta demanda debe presentarse ante la Sección especializada en los Tribunales de Instancia del lugar donde se encuentre el domicilio familiar o el último domicilio común de los cónyuges.
La demanda debe incluir:
- La solicitud de divorcio.
- Las medidas que propone el cónyuge demandante en relación con los hijos, la vivienda o las cuestiones económicas.
- La documentación que respalde sus pretensiones.
En este procedimiento cada cónyuge debe contar con su propio abogado y procurador.
La respuesta del otro cónyuge
Una vez admitida la demanda, la Sección especializada en los Tribunales de Instancia da traslado al otro cónyuge para que pueda presentar una contestación a la demanda.
En esta contestación, el cónyuge demandado puede:
- Mostrar su oposición a las medidas propuestas.
- Proponer medidas alternativas.
- Aportar pruebas que respalden su posición.
Este intercambio de argumentos permite que el juez conozca las posiciones de ambas partes antes de celebrar la vista judicial.
La vista judicial
El siguiente paso es la celebración de la vista judicial, un acto en el que ambas partes exponen sus argumentos ante el juez.
Durante esta fase se pueden presentar diferentes tipos de prueba:
- Documentos económicos
- Informes periciales
- Testigos
- Informes psicosociales en casos de custodia
Cuando hay hijos menores, es habitual que la Sección especializada en los Tribunales de Instancia solicite un informe del equipo psicosocial, compuesto por psicólogos y trabajadores sociales, que evalúan la situación familiar y emiten recomendaciones sobre la custodia.
Además, el Ministerio Fiscal interviene para garantizar que las decisiones adoptadas protejan el interés superior del menor.
La sentencia de divorcio
Tras analizar las pruebas y escuchar a ambas partes, el juez dictará una sentencia de divorcio en la que se establecerán las medidas que regularán la situación familiar.
Entre las cuestiones que suele resolver la sentencia se encuentran:
- La guarda y custodia de los hijos
- El régimen de visitas
- La pensión de alimentos
- La posible pensión compensatoria
- El uso de la vivienda familiar
Estas decisiones se adoptan teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y el interés de los menores.
Cuánto puede durar un divorcio contencioso
A diferencia del divorcio de mutuo acuerdo, el divorcio contencioso suele ser un procedimiento más largo y complejo.
La duración puede variar en función de diversos factores:
- La carga de trabajo de la Sección especializada en los Tribunales de Instancia
- La complejidad del caso
- La cantidad de pruebas que deban practicarse
En muchos casos, el procedimiento puede prolongarse entre seis meses y más de un año.
Además, la sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, lo que puede alargar aún más el proceso.
Consecuencias emocionales y económicas del divorcio contencioso
El divorcio contencioso no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también consecuencias personales y económicas.
Desde el punto de vista económico, el procedimiento suele ser más costoso que un divorcio de mutuo acuerdo, ya que cada parte debe asumir los honorarios de su abogado y procurador.
Desde el punto de vista emocional, los procesos contenciosos pueden generar un mayor nivel de tensión, especialmente cuando hay hijos en común.
Por este motivo, siempre que sea posible, muchos profesionales del derecho de familia recomiendan intentar alcanzar acuerdos previos mediante negociación o mediación.
El papel del abogado en los procesos contenciosos
Cuando el acuerdo no es posible, contar con un abogado especializado en derecho de familia resulta especialmente importante.
El abogado no solo se encarga de defender los intereses de su cliente en el procedimiento judicial, sino también de analizar la situación familiar, preparar la estrategia procesal y reunir las pruebas necesarias para acreditar las pretensiones planteadas.
En los procedimientos contenciosos, el objetivo no es únicamente obtener una resolución judicial favorable, sino también proteger los derechos de las partes y garantizar que las decisiones adoptadas respeten el interés superior de los hijos.
Aunque el divorcio contencioso suele ser el último recurso cuando el acuerdo no es posible, comprender cómo funciona el procedimiento y cuáles son sus fases permite afrontar el proceso con mayor seguridad y conocimiento de las implicaciones legales que puede tener cada decisión.