Cuando se produce un divorcio, las relaciones entre los cónyuges y, en su caso, con los hijos en común quedan reguladas por una sentencia judicial o por un convenio regulador aprobado judicialmente. Este documento establece una serie de obligaciones y derechos que ambas partes deben respetar, como el pago de la pensión de alimentos, el cumplimiento del régimen de visitas o el uso de la vivienda familiar.
Sin embargo, en la práctica no siempre se cumplen las medidas acordadas o impuestas por el juez. El incumplimiento de estas obligaciones puede generar conflictos importantes y afectar especialmente a los hijos menores.
La buena noticia es que el ordenamiento jurídico español prevé distintos mecanismos para exigir el cumplimiento de las medidas establecidas tras el divorcio. En este artículo vamos a analizar qué ocurre cuando uno de los cónyuges no cumple lo acordado, qué acciones legales pueden ejercerse y qué consecuencias puede tener este incumplimiento.
La fuerza legal del convenio regulador y de la sentencia de divorcio
Cuando el divorcio se tramita de mutuo acuerdo, los cónyuges presentan un convenio regulador que contiene las medidas que regularán su situación tras la ruptura. Este convenio debe ser aprobado por el juez conforme a lo dispuesto en el artículo 90 del Código Civil.
Una vez aprobado judicialmente, el convenio regulador pasa a formar parte de la sentencia de divorcio y adquiere fuerza ejecutiva, lo que significa que sus obligaciones pueden exigirse judicialmente.
Esto implica que el incumplimiento de cualquiera de las medidas establecidas en la sentencia permite al cónyuge afectado acudir nuevamente a la Sección especializada en los Tribunales de Instancia para solicitar su cumplimiento.
Incumplimientos más frecuentes tras el divorcio
En los procesos de familia existen varios tipos de incumplimientos que se producen con cierta frecuencia. Algunos afectan a cuestiones económicas, mientras que otros están relacionados con la relación con los hijos.
Impago de la pensión de alimentos
Uno de los incumplimientos más habituales es el impago de la pensión de alimentos destinada a cubrir las necesidades de los hijos.
El artículo 93 del Código Civil establece que el juez fijará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos de los hijos, teniendo en cuenta las necesidades de los menores y la capacidad económica de los padres.
Cuando el progenitor obligado deja de pagar esta pensión, el otro puede iniciar un procedimiento judicial para reclamar las cantidades adeudadas.
Además, cuando el impago es reiterado, puede tener consecuencias penales.
El artículo 227 del Código Penal establece que quien deje de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier prestación económica establecida en favor de su cónyuge o de sus hijos puede ser castigado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses, además de la obligación de pagar las cantidades debidas.
Incumplimiento del régimen de visitas
Otro incumplimiento frecuente es el relacionado con el régimen de visitas.
Puede ocurrir que el progenitor custodio impida o dificulte el contacto del otro progenitor con los hijos, o que el progenitor no custodio no respete los horarios y periodos establecidos.
El régimen de visitas forma parte de las medidas adoptadas en interés del menor, por lo que su incumplimiento puede ser objeto de intervención judicial.
El artículo 94 del Código Civil reconoce el derecho del progenitor que no tenga la custodia a relacionarse con sus hijos menores, salvo que existan circunstancias graves que lo desaconsejen.
Cuando se producen incumplimientos reiterados, el juez puede adoptar medidas para garantizar el respeto de este derecho.
Incumplimiento de la atribución del uso de la vivienda
También pueden surgir conflictos relacionados con la vivienda familiar, especialmente cuando el uso del inmueble ha sido atribuido a uno de los cónyuges.
El artículo 96 del Código Civil regula la atribución del uso de la vivienda familiar, que normalmente se concede al progenitor con el que conviven los hijos menores.
Si el otro cónyuge se niega a abandonar la vivienda o impide el uso de la misma conforme a lo acordado, el cónyuge afectado puede solicitar la ejecución judicial de la sentencia.
Cómo reclamar el cumplimiento de las medidas
Cuando se produce un incumplimiento de las medidas adoptadas tras el divorcio, el cónyuge perjudicado puede iniciar un procedimiento de ejecución de sentencia.
Este procedimiento está regulado en los artículos 517 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establecen los mecanismos para exigir el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Para iniciar este procedimiento, es necesario presentar una demanda de ejecución ante la misma Sección especializada en los Tribunales de Instancia que dictó la sentencia de divorcio.
En la demanda se debe indicar qué obligación ha sido incumplida y qué medidas se solicitan para garantizar su cumplimiento.
Medidas que puede adoptar el juez
Una vez iniciado el procedimiento de ejecución, la Sección especializada en los Tribunales de Instancia puede adoptar diferentes medidas para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
En el caso de deudas económicas, como el impago de pensiones, el juez puede acordar:
- El embargo de salarios o cuentas bancarias
- El embargo de bienes del deudor
- La retención de devoluciones de impuestos
Estas medidas tienen como objetivo asegurar el pago de las cantidades adeudadas.
Cuando el incumplimiento afecta al régimen de visitas u otras cuestiones relacionadas con los hijos, el juez puede adoptar medidas destinadas a garantizar el respeto de las relaciones familiares.
En algunos casos, incluso puede modificarse el régimen de custodia si el incumplimiento es reiterado y perjudica al menor.
La posibilidad de modificar las medidas
En determinadas situaciones, el incumplimiento puede estar relacionado con un cambio real en las circunstancias económicas o personales de alguno de los cónyuges.
Por ejemplo, si el progenitor obligado a pagar una pensión pierde su empleo o sufre una reducción importante de ingresos, puede tener dificultades para cumplir con la obligación establecida.
En estos casos, en lugar de dejar de cumplir la obligación, lo correcto es solicitar una modificación de medidas, procedimiento previsto en el artículo 90 del Código Civil y en el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Este procedimiento permite adaptar las medidas adoptadas en la sentencia a las nuevas circunstancias.
La importancia de actuar con rapidez
Cuando se produce un incumplimiento de las medidas establecidas tras el divorcio, es importante actuar con rapidez.
Permitir que el incumplimiento se prolongue en el tiempo puede generar situaciones de desigualdad o afectar negativamente a los hijos.
Además, la reclamación de determinadas cantidades económicas puede verse limitada por los plazos de prescripción establecidos por la ley.
Por este motivo, ante cualquier incumplimiento resulta recomendable consultar con un abogado especializado en derecho de familia que pueda valorar la situación y determinar la estrategia jurídica más adecuada.
El cumplimiento de las medidas adoptadas tras el divorcio no es una cuestión opcional. Se trata de obligaciones jurídicas que deben respetarse para garantizar la estabilidad familiar y proteger los derechos de todas las personas implicadas, especialmente los de los hijos menores.